Arte / política cultural

Arte / política cultural

Estamos en medio de un gran festival electoral, una coyuntura que no se da demasiado a menudo por lo menos en lo que se refiere al número de citas electorales y a la proximidad entre estas citas. Estas citas electorales confrontan a los ciudadanos con la necesidad de hacer balance y a reafirmar o a cambiar las políticas que, en los diferentes ámbitos, se han llevado a cabo. En estas situaciones, normalmente, los diferentes ámbitos de la vida económica y social proponen pactos y acuerdos generales que intentan comprometer a las fuerzas políticas. Y la cultura no es una excepción.

Por doquier y en diferentes sectores o ámbitos se lanzan, con mayor o menor pompa y circunstancia, propuestas de pactos para/por la cultura, en general, o para una determinada actividad o sector, en particular. Y todo ello en un contexto en el que, como he ido escribiendo reiteradamente en este blog, la cultura pasa por momentos de gran dificultad, cosa nada extraña si tenemos en cuenta las profundas transformaciones de un sector que se ha convertido en puntero en el campo del tránsito digital y de las transferencias tecnológicas.

En el contexto de este debate se echan en falta algunas precisiones imprescindibles que podrían ayudar a vislumbrar los objetivos finales de la mayor parte de las reivindicaciones culturales; que aumentarían las posibilidades de cerrar acuerdos; y que, sin duda, aportarían luz a discusiones que tienden, demasiado a menudo, a la endogamia sectorial y que pecan de un excesivo ‘bonismo’ social.

La primera se refiere al propio objetivo del debate. A mi entender, no es la cultura como tal lo que debe ser objeto de un debate político, sino la política cultural. Y no es lo mismo. La política cultural, o la gobernanza de los instrumentos y de los recursos que las diferentes administraciones públicas ponen a disposición de la cultura, es lo que realmente define la centralidad de un servicio público, y es lo que debe ser objeto de debate.

La cultura se construye en espacios de privacidad -individual o compartida-, se produce con recursos públicos o privados y se pone a disposición de los ciudadanos en espacios igualmente privados o públicos. En esta esquemática cadena de valor, la única aportación valiosa de las diversas administraciones públicas, que tenemos o padecemos en una especie de milhojas abigarrado y a veces indescifrable, son los recursos y el potencial virtuosismo de su gestión.

La segunda precisión tiene componentes ontológicos. ¿Qué legitima a los gestores culturales para reivindicar una posición hegemónica en el campo de la administración de los recursos que las administraciones públicas destinan a la cultura? Me parece una pregunta importante, dado que existe mucho amateurismo entre los gestores culturales y se echa a faltar por su parte un conocimiento más preciso de las técnicas jurídicas y económicas propias de las administraciones públicas.

Las respuestas a ambas cuestiones son preocupantes: en general, tenemos unos profesionales bienintencionados pero sin conocimientos concretos, y que habitualmente se refugian en debates sobre la cultura cargados de esencialismo ideológico y con una limitada preocupación por construir una auténtica y plural política cultural.

Y la cuestión que nos ocupa, ahora que estamos en medio de un larguísimo período electoral, se sitúa justamente al otro lado de esta realidad. Subir el IVA de la cultura, rebajar los presupuestos culturales y eliminar servicios públicos podrían perfectamente llegar a ser elementos de una política cultural si por contra se ampliasen las desgravaciones fiscales, se internalizasen equipamientos y se afrontase una campaña potente de cara a incrementar la demanda cultural. Sería, probablemente, una política abocada al fracaso, pero sería una política. Ahora simplemente es que no tenemos nada, estamos ante la ausencia de política cultural, cuando menos de forma muy clara por lo que se refiere a la denominada Administración central, aunque también se precisaría de un debate previo para dilucidar si lo que necesitamos es una política cultural central y recentralizadora. Mi opinión es de que no hace ninguna falta.

Por contra, considero que necesitamos refundar las políticas culturales. Se necesita más autonomía de cada uno de los agentes políticos presentes, tras acordar unos parámetros mínimos de actuación, de la misma manera que deben acordarse, conjuntamente, los parámetros de funcionamiento de un mercado cultural abierto que permita la circulación de los contenidos que se producen, y todo ello en un marco claramente establecido de soberanías compartidas y concéntricas. En este sentido, cuanto más subsidiaria sea la gestión de los servicios públicos de la cultura, mejor; a la vez que debe respetarse y fomentarse la existencia de un mercado cultural liberalizado.

Repensar la política cultural es imprescindible si no queremos ser un apunte contable más de las políticas de las multinacionales de la comunicación y del entretenimiento. Por eso es preciso poner en valor los contenidos que se producen, lo que implica una decidida apuesta por las industrias culturales y por las entidades capaces de consolidar una densidad cultural más alta tanto a nivel nacional como internacional.

Etiquetas: Arte, Política cultural

Sin comentarios

Comentar

Tu dirección de correo no sera publicada.
Los campos obligatorios estan marcados con:


Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>